Autor: D. Blas Villalta Bellón
Un profesor es la primera víctima del desconcierto de leyes educativas, pero no es una víctima directa. Al fin y al cabo, un profesor es un profesional vinculado a un sistema, ni más ni menos que otros, que hace su trabajo de acuerdo a su formación y a las condiciones de que dispone.
Un profesor puede estar enfadado o contento con el sistema, puede sentirse representado, despreciado, acogido o vilipendiado, pero hará su trabajo con la profesionalidad que se le exige. Las víctimas de los atropellos, las verdaderas víctimas, y esto no debe pasarse por alto, son los usuarios del sistema: los alumnos y, por extensión, las familias.
Lo más fácil, en tantos ámbitos de la vida, es culpar de los males que sufrimos a los otros, a las autoridades, a los de arriba, a los responsables políticos. Los culpamos de su incompetencia e incluso a veces de su mala fe en las decisiones que toman. Es lo más fácil, pero también es cierto que en muchas ocasiones los responsables de organizar y solucionar los asuntos serios ponen muy poco de su parte.
Una ley fugaz
El pasado mes de mayo se presentó el proyecto de ley que modificará nuevamente la legislación educativa en España. La LOMCE (Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa) sustituirá a la LOE (Ley Orgánica de Educación), aprobada en 2006, y al parecer cambiará sustancialmente algunos aspectos del funcionamiento de nuestro sistema educativo. Se augura además que será una ley fugaz: durará dos años, o a lo sumo seis, lo que tarde en llegar otro partido al poder y derogarla para hacer una nueva.
Lo que cabe preguntarse es: ¿era necesario un nuevo cambio legal? ¿Precisamente este cambio legal? ¿Evolucionamos, involucionamos? ¿Quién paga las consecuencias de tanto vaivén?
Aún queda el trámite parlamentario, en el que se espera que el gobierno ceda poco, y todavía no hay un calendario de aplicación de la nueva ley, pero se supone que empezará a funcionar en el curso 2014-2015.
Ciudadanía y religión
Al igual que con la ley anterior, la mayor parte del debate se centra en aspectos aparentemente menores: de la asignatura de Educación para la Ciudadanía apenas se imparten dos horas semanales en un curso de Primaria y dos en un solo curso de toda la Secundaria; los alumnos de comunidades bilingües ya demuestran tanta destreza en español como los del resto del territorio, a pesar de tener un currículo casi íntegro en su lengua vernácula; la asignatura de religión católica es desde hace muchos años más despreciada por quienes la escogen que por los que no, y además por los propios profesores, pues las notas suelen oscilar entre el 9 y el 10 a cambio de un más que dudoso esfuerzo.
¿De qué estamos hablando, pues? Porque con lo importante, con lo realmente importante, no existe un debate público. ¿Cuánta gente conoce que los sueldos de los profesores en centros concertados, educación privada, son pagados íntegramente por el Estado, mientras se escatiman partidas presupuestarias para centros públicos?
¿Cuánta gente conoce la verdadera anomalía de la materia de Religión católica, cuyos profesores son contratados o despedidos por los obispados pero pagados por el Estado? ¿Cuántos conocen la situación real del profesorado interino, continuamente denigrado y maltratado por las propias autoridades?
Ni siquiera existe un conocimiento de por qué tenemos uno de los índices de fracaso escolar más altos de los países desarrollados, que afecta de media a uno de cuatro alumnos, y lo peor es que no existe voluntad política para localizar el mal y asegurar el diagnóstico.
Nace muerta
Esta ley nacerá muerta. Quizá el sistema de elección temprana de itinerarios, desde 3º de ESO, enfocados claramente al Bachillerato o a la Formación Profesional, no sea tan segregador y pretendidamente clasista como lo dibujamos. Quizá el sistema de reválidas, informativa en la primaria, definitivas en la secundaria, no encierra en sí lo peor de la educación tardofranquista y, con matices, podría sacársele algo positivo.
El problema es que todo esto trata de imponerse, una vez más, sin la colaboración y el concurso de todos los agentes sociales implicados en la educación de los jóvenes, de toda la comunidad educativa: primero, los profesionales, los profesores y maestros y equipos directivos que llevan años lidiando con la realidad en el aula y su organización directa.
Ellos son los expertos que han de buscarse para localizar errores y malos hábitos en el sistema. Con ellos y con las AMPAs y padres comprometidos es con quienes tiene que dialogar cualquier gobierno, tomar notas, ayudar a que la relación entre estos elementos sea fluida y fructífera, para saber qué decisiones concretas tomar en materia legislativa.
Oposición radical
Si esto no se hace, como es el caso, encontrarán la oposición radical de todo el mundo, de toda la cadena: alumnos, padres, profesores, directores, a título particular, y también sindicatos educativos y estudiantiles, y todos los demás partidos del arco político.
Porque una ley que mira el ombligo y los intereses del legislador no tiene ni tendrá espíritu de continuidad. Una sociedad democrática implica ceder y buscar soluciones efectivas y consensuadas para lograr el bien común: nadie, ninguna facción puede pretender imponer todo su ideario en algo como la escuela, por donde inevitablemente todo el mundo pasará, porque los que vengan después querrán también imponer su sello, sus soluciones mágicas o ideologizadas.
Y mientras tanto, unos enseñando y otros tratando de aprender y todos quejándonos de los defectos del sistema como si de un fatalismo se tratara. Otro vaivén que pagan los mismos.
Pero huyamos también del tópico: ¿quiénes son los mismos? ¿Quiénes son los damnificados por tanto desconcierto? ¿Los alumnos? No.
Los damnificados
Los damnificados por leyes efímeras, erráticas o vengativas no son todos los alumnos, sino los alumnos con menos posibilidades. Los alumnos de familias pobres, los alumnos de familias empobrecidas, los alumnos de familias con poca instrucción, los alumnos sin acceso a la cultura fuera del ámbito escolar, los alumnos de zonas rurales, la parte de la población por la que se justifica que exista un sistema de educación pública.
¿A qué clase de personas hay que explicarles a estas alturas que una sociedad se mutila a sí misma si no ofrece las mismas posibilidades de desarrollo personal y laboral a todos sus miembros? ¿Alguien todavía piensa que el fracaso escolar se debe únicamente a la falta de esfuerzo?
Hay que recordar de dónde venimos. Cuando nos comparamos con Finlandia u otros países nórdicos con sistemas educativos envidiables, cuando vemos los informes educativos de los países desarrollados y se nos saltan las lágrimas al comprobar nuestra deficiencia, olvidamos que no somos finlandeses ni lo podemos pretender.
De dónde venimos
Olvidamos que venimos del Tercer Mundo. Que el mundo rural español pasó una guerra que arrasó lo poco que había y después el dictado de la miseria y el embrutecimiento.
Olvidamos que en la actual generación de maestros, ingenieros o licenciados el suyo es el primer título y las suyas las primeras letras que aprendió nunca la familia.
Olvidamos que durante más de una década, con todo a nuestro favor, miles de adolescentes sucumbían a los cantos de sirena de trabajos físicos bien remunerados pero perecederos.
Olvidamos que la pedagogía sobre el esfuerzo no debe hacerse en la escuela, sino que debe venir aprendida desde casa, y ahí los ejemplos familiares y los medios de comunicación tienen más responsabilidad que el profesor.
Si a eso sumamos una clase política también ineficiente, con tentaciones y vicios autoritarios, que no cree sinceramente en que una sociedad de sujetos libres, formados y bien informados es el único camino para lograr la felicidad colectiva, y no sólo pequeñas felicidades cerradas, tenemos el resultado.
El mismo fango
Si los partidos políticos o los grupos de poder buscan perpetuar sus privilegios a costa del bien común, o son complacientes con voces de otro tiempo cuando les toca gobernar, siempre patalearemos en el mismo fango.
Que un profesor tenga que emplear su tiempo en explicar los escándalos del sistema, en explicar que la falta de diálogo y acuerdos nos menoscaba como conjunto, es un paso atrás. Significa que como sociedad estamos lejos de alcanzar la mayoría de edad, que como sociedad somos aún, y por mucho tiempo, un adolescente sin educar, víctima de su propia soberbia, víctima directa de su propio egoísmo.
(*) Blas Villalta es profesor de Lengua Castellana y Literatura en el IES Clara Campoamor, de La Solana (Ciudad Real). Trabaja en Educación Secundaria desde 2006. Ha sido Lector de Español en la Universidad de Trinidad y Tobago. Es también vocal de la Junta Directiva de la Escuela de Ciudadanos.
